El caso más caótico es el de la Caseta de la Feria Popular de la Carrera 38, en el sector de San Andresito, que tiene una capacidad proyectada para 1753 puestos, de los cuales sólo hay ocupados 225.
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| http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-luz-roja-los-vendedores-ambulantes |
Un verdadero padecimiento soportan los vendedores ambulantes y estacionarios en la capital del país, ante la ineficacia del programa de reubicación emprendido por la Administración Distrital, a través del Fondo de Ventas Populares de la Secretaría de Gobierno, que sólo en los últimos siete años ha gastado más de 38 mil millones de pesos, entre funcionamiento e inversión.
El informe de la Personería Distrital toma más importancia a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía de Bogotá prevista para el próximo 20 de julio.
La veeduría sobre este tema surgió a raíz del alto número de quejas por parte de estos ciudadanos, a quienes el gobierno capitalino les prometió mejoras en sus condiciones, pero realmente lo único que han conseguido son frustraciones.
De los 100.000 vendedores ambulantes y estacionarios que se estima existen en Bogotá, según información suministrada por el propio Fondo, sólo se habrían creado soluciones definitivas para 2,6% de los informales, de los cuales sólo 1,6% se estarían beneficiando. Además, existen proyectos de reubicación o construcción de soluciones futuras para 1,2%; de ellos 1% está en reubicación o provisional. Por apalancamiento de crédito, asesorías, promoción y divulgación se han favorecido 0,2%, para un total de tan sólo 2,8% de personas favorecidas por las políticas estatales. Como se puede ver, los porcentajes no representan un cubrimiento adecuado que ataque la magnitud del problema.
Desde la primera administración del Alcalde Antanas Mockus se implementó este programa, pero la veeduría detectó que no existen suficientes estudios de viabilidad ni de factibilidad de los negocios, considerando que los productos que estos vendedores ofrecen no son compatibles con negocios formales, ya que el producido ni siquiera alcanza para cumplir con el pago de arriendos o de servicios públicos. Por otra parte, la administración les prometió que ellos serían propietarios de los puestos, pero esto tampoco se ha cumplido, según conclusiones del estudio.
Otras Casetas del mismo programa, como las de la Plaza España y la de Kennedy están suspendidas por causas judiciales y comerciales; mientras que en La Veracruz no han originado vendedores. Por último, en La Capuchina los beneficiados demandan más promoción del lugar.
Las cuantiosas inversiones de los 17 proyectos emprendidos desde diciembre de 1991 hasta la fecha no han dado una solución integral a la problemática. Además, tres de los proyectos, como son la Caseta de la Feria Popular del Sur, los Balastreros Santa Inés y la Bodega Cooperativa Correcaminos, fracasaron y su ejecución se paralizó.
Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para el Distrito, en atención al fallo SU-360 de la Corte Constitucional emitido en 1999.
El informe de la Personería Distrital toma más importancia a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía de Bogotá prevista para el próximo 20 de julio.
La veeduría sobre este tema surgió a raíz del alto número de quejas por parte de estos ciudadanos, a quienes el gobierno capitalino les prometió mejoras en sus condiciones, pero realmente lo único que han conseguido son frustraciones.
De los 100.000 vendedores ambulantes y estacionarios que se estima existen en Bogotá, según información suministrada por el propio Fondo, sólo se habrían creado soluciones definitivas para 2,6% de los informales, de los cuales sólo 1,6% se estarían beneficiando. Además, existen proyectos de reubicación o construcción de soluciones futuras para 1,2%; de ellos 1% está en reubicación o provisional. Por apalancamiento de crédito, asesorías, promoción y divulgación se han favorecido 0,2%, para un total de tan sólo 2,8% de personas favorecidas por las políticas estatales. Como se puede ver, los porcentajes no representan un cubrimiento adecuado que ataque la magnitud del problema.
Desde la primera administración del Alcalde Antanas Mockus se implementó este programa, pero la veeduría detectó que no existen suficientes estudios de viabilidad ni de factibilidad de los negocios, considerando que los productos que estos vendedores ofrecen no son compatibles con negocios formales, ya que el producido ni siquiera alcanza para cumplir con el pago de arriendos o de servicios públicos. Por otra parte, la administración les prometió que ellos serían propietarios de los puestos, pero esto tampoco se ha cumplido, según conclusiones del estudio.
Otras Casetas del mismo programa, como las de la Plaza España y la de Kennedy están suspendidas por causas judiciales y comerciales; mientras que en La Veracruz no han originado vendedores. Por último, en La Capuchina los beneficiados demandan más promoción del lugar.
Las cuantiosas inversiones de los 17 proyectos emprendidos desde diciembre de 1991 hasta la fecha no han dado una solución integral a la problemática. Además, tres de los proyectos, como son la Caseta de la Feria Popular del Sur, los Balastreros Santa Inés y la Bodega Cooperativa Correcaminos, fracasaron y su ejecución se paralizó.
Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para el Distrito, en atención al fallo SU-360 de la Corte Constitucional emitido en 1999.
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| http://andreu-viatges.blogspot.com/2008/05/bogot.html |
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